-“Si no nos dejan trabajar la madera o no nos traen proyectos (alternativos), vamos a tener que trabajar el oro o la coca, pues, con qué si no vamos a alimentar a nuestros hijos”-
En la amazonía peruana, la intensidad y frecuencia de las lluvias y la creciente y vaciante del río marca el ritmo de las estaciones. Durante los meses de enero a mayo, con margen de un mes por ambos lados, el río aumenta el nivel de su caudal hasta 4 metros. La selva baja, dónde nos encontramos, es un terreno llano, por lo que el agua entra varios kilómetros tierra adentro. La selva recibe aquí el nombre de bosque inundable.
Los pueblos que han habitado estas regiones han adaptado sus formas de vida a los ritmos del río, las técnicas de pesca, la agricultura y la caza cambian según el nivel del agua. La época de vaciante, cuando el río baja, es época de abundancia para los pescadores. Los peces se concentran en los caudales principales o en las cochas, y es fácil encontrar pescados grandes con anzuelo o con red. En la época de creciente, los peces se dispersan entre los árboles bosque adentro y es bastante más difícil encontrarlos. Son tiempos de escasez.
En las semanas anteriores en que hemos estado por el río dando clase, la comunidad de Montecalvario estaba inundada. Cada mañana el río crecía un palmo más, ocupando sin prisa, pero inexorablemente, un espacio más, una casa más. En estos tiempos, los vecinos de las casas mas bajas van poniendo en alto sus posesiones más valiosas, (la tele, las gallinas…) sobre mesas precarias o tablones cruzados en las vigas del techo esperando que el agua no les alcance allí. “ya no va a crecer más” dicen cada mañana, más como un deseo expresado al aire que por una certeza. Las familias se trasladan por unos días a otra casa del pueblo que aún esté a salvo del agua. Son tiempos de solidaridad.
También son tiempos de trabajo intenso. La mayoría de familias de la ribera del Pintoyacu y Chambira son madereros. Durante la época de vaciante cortan árboles, algunos los trocean en tablones y los trasladan hasta el pueblo cargados al hombro, pero los más pesados los dejan hasta que el agua inunde el bosque y puedan sacarlos empujando por el río. Atan los troncos unos a otros formando un emparrillado o balsa y se dejan llevar por la corriente durante varios días hasta llegar a la ciudad de Iquitos donde los venden.
Pero en los últimos meses circulan malas noticias entre los comuneros, los rumores de incautaciones de mercancías y de denuncias por tráfico ilegal de madera por parte de la fiscalía ambiental con amenazas de severas penas privativas de libertad a los moradores recorren los pueblos como un murmullo que circula de oreja a oreja y paraliza toda actividad: “Al vecino del hermano lo detuvieron y le quitaron todo”, “a mi me pidieron paquete de gaseosa, folios y carne para poder bajar con mi madera”, “dicen que le piden cárcel”, “me quitaron todita mi gasolina, ¿con qué voy a surcar?” …
“Vengo a decirles que se está organizando marcha”, el Regidor de San Antonio interrumpe la asamblea comunal de Montecalvario, “la Fiscalía me detuvo y me llevó a la carceleta, pasé tres días hasta que me soltaron, me quitaron todo y ahora tengo que presentarme ante el juez. No sé que pena de cárcel me van a pedir y yo vengo a decirles que vamos a levantarnos”. El impulso que ha llevado a estas comunidades, acostumbradas al olvido por parte de las instituciones publicas, a organizarse por primera vez en su historia reciente posiblemente lo han encontrado en la situación de asfixia vital en la que les están dejando las nuevas medidas tomadas por el Gobierno Regional en su lucha contra la minería ilegal. El nuevo control multisectorial (policía, navales, fiscalía, entre otros) en el puesto de ecoparques de Yarana, en la ribera del Nanay, paso obligado para los moradores de las tres cuencas que componen el Alto Nanay, está suponiendo un impedimento para la principal actividad económica de las tres cuencas: el comercio de la madera.
Muchos vecinos de la comunidad tienen miedo de bajar a Iquitos, otros se lanzan al agua corriendo un enorme riesgo y solo con la mitad de la madera, por si son interceptados. En el pueblo, a parte del pescado, escasea el arroz, la yuca, el aceite, el jabón, la sal… Coincide con la crecida de precios por… ¿la guerra de Ucrania?… con la crecida del río, con la falta de alimentos, con la vuelta al cole que siempre demandan un desembolso importante a las familias de los alumnos que cursan primaria…
Los comuneros denuncian además vejaciones y humillaciones en Yarana y restricciones arbitrarias en el transporte de carburante y alimentos, (imprescindibles para la vida en las comunidades que no disponen de otra fuente de comercio y abastecimiento que no sea la ciudad de Iquitos). Los comuneros ribereños necesitan la gasolina para sus desplazamientos cotidianos, para su trabajo, para generar electricidad para la iluminación o para la utilización de cualquier instrumento que precise de energía eléctrica, trabajar con las motosierras, bombas de agua, etc, en un distrito donde no hay ninguna gasolinera que permita el abastecimiento. Don Víctor Reyna Chávez, Teniente Gobernador de Buenavista del río Chambira expresa con indignación que se sienten tratados como delincuentes cuando lo único que quieren es poder alimentar a sus familias como todo ciudadano. El teniente comentó que la comunidad de Buenavista rechazó las ofertas por parte de las compañías extractivas del mineral en el río Chambira a pesar de que se les ofreció una importante suma de dinero, pero ahora se encuentran que su única fuente de ingresos, la madera, está siendo también perseguida y amenazada de ser incautada. ¿De qué vamos a vivir?
Don Eber Mahua, presidente de la APAFA del anexo de Montecalvario de Seis hermanos del río Pintuyacu exclamaba que las comunidades no tienen un especial interés en la actividad de la madera. –“Si nos ofrecieran cualquier otra alternativa con la que pudiéramos satisfacer nuestras necesidades básicas vitales como hacemos con la madera, con buen gusto la aceptaríamos, el trabajo de aserrar madera es duro y peligroso”.
La señora Leonila Elisabeth Realpe, conocida como Bella, nos describe su situación: gestiona una bodega en Santa María compra dos bidones de 60 galones semanales para poder proveer al Tambo de Diamante Azul con el que tiene un contrato de suministro en su gasto mensual de 68 galones y a los vecinos tanto de la capital como de las comunidades de alrededor. La Fiscalía le confiscó un bidón en un viaje y luego dos bidones en otro viaje. A pesar de contar con un certificado como proveedora del MIDIS a través del Tambo de Diamante Azul, de disponer de todos los documentos de su negocio en regla y de las facturas de la compra de la gasolina, la petición de devolución del producto incautado le fue denegada alegando que podía estar suministrando a las dragas, sin ninguna aportación de pruebas. Tras las pérdidas económicas que han supuesto para Bella dichas incautaciones, (las bodegas son pequeños negocios familiares con unos márgenes de ganancia muy ajustados) ya no se atreve a comerciar con gasolina, suponiendo un problema de suministro para toda la ciudad y las comunidades del Distrito y una importante pérdida de rentabilidad a su negocio. Experiencias como éstas, así como las que refieren a la incautación de la madera, se repiten entre los vecinos de las tres cuencas.
“Va a venir una empresa colombiana a pedir permiso al pueblo para trabajar el oro, y esta vez de que vamos a decirles que no, si no tenemos con qué comer” dice un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato.
El agua que bebe la ciudad de Iquitos proviene del río Nanay. Carlos Yumbato, alcalde del distrito, no compartía que un informe reciente elaborado por SANIPES (Organismo nacional de sanidad pesquera) que desarrolla ensayos químicos para la determinación de metales pesados en recursos hidrobiológicos a petición de la fiscalía adjunta provincial FEMA – Loreto, Maynas, reveló presencia de metales pesados con niveles ligeramente superiores en cadmio y plomo a los Limites máximos permitidos en la normativa sanitaria nacional vigente en especies de peces habituales de consumo humano (yaraki, yulilla y Cunchi) obtenidos de muestras en las comunidades de Atalaya, Diamante Azul y San Antonio del Pintuyacu y Nanay respectivamente.
Pero su preocupación va más allá del impacto ambiental y de la contaminación de las fuentes de alimentos principales en las comunidades que se sustentan mayormente de la pesca. En algunas comunidades, nos decía, la presencia de la actividad minera está suponiendo una escalada de precios que los vecinos que no participan de esta actividad no pueden soportar. Además, los comuneros vecinos del Alto Nanay expresaban una especial preocupación por presencia de drogas e incluso tráfico de armas que se relacionan directamente con dicha actividad, así como un aumento de la prostitución en las comunidades y de embarazo adolescente.
El responsable del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas) en Loreto nos comentaba que la situación de la minería ilegal en el Nanay ha llegado a un punto de no retorno. La rápida inyección de capital que suponen las actividades ilegales como el oro o la coca suponen una rotura radical con las formas de vida tradicionales, y la corrupción empapa todos los estamentos sociales e instituciones. Llega un punto que no hay propuesta alternativa que ofrecer a las comunidades, no se puede competir con tanto dinero.
Esto ha pasado en el Nanay, pero la fiebre del oro es una enfermedad altamente contagiosa, y los ríos Pintoyacu y Chambira no son inmunes a la búsqueda desesperada de soluciones rápidas… sobretodo si se les asfixia.
La historia de vulneración de derechos fundamentales a los moradores de las comunidades ribereñas en el Alto Nanay viene de lejos. El acceso a derechos fundamentales como educación y salud se encuentran en un estado especialmente lamentable en las tres cuencas. Ahora, viviendo en un territorio particularmente rico en recursos naturales, son doblemente víctimas, por la minería ilegal y por las pocas e ineficaces medidas tomadas contra ésta.
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