El Tribunal Constitucional del Perú tiene en sus manos exigir que el estado dote de acceso al agua y saneamientos básicos a más de 2.500 familias que viven en condiciones de insalubridad en medio de una alcantarilla en Punchana, Iquitos, en el Perú amazónico. Un fallo en favor de los demandantes supondría una victoria para las miles de familias que viven en los Asentamientos Humanos (AAHH), pero pasan los meses y no reciben respuesta.
Los Asentamientos Humanos Iván Vazquez Valera (fundado en 2002) y 21 de Septiembre (fundado en 1998), situados en la parte inundable del distrito de Punchana (Maynas, Loreto), se llenan de agua en época de creciente cuando los ríos amazónicos aumentan su caudal. Esto no tendría inconveniente si no fuera porqué un camal que acarrea las aguas residuales de la ciudad atraviesa los asentamientos y desborda en época de lluvias cubriendo toda la superficie de deshechos. Iquitos es una ciudad de más de medio millón de habitantes, y no cuenta en la actualidad con una planta de tratamiento del desagüe. Al igual que otros centros poblados de la Amazonía, vierte sus efluentes a los ríos, hecho que supone un grave perjuicio para el medio ambiente.
Desde hace cinco años ambos asentamientos están inmersos en una batalla judicial para exigir a la Municipalidad de Maynas, a la Municipalidad Distrital de Punchana y al Gobierno Regional de Loreto que les doten con agua y alcantarillado. El proceso se inició gracias a la ayuda del departamento de Derechos Humanos del Vicariato de Iquitos y dos organizaciones sin fines de lucro, el Instituto de Defensa Legal y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. Si bien ganaron en primera instancia, las Municipalidades encargadas de velar por los derechos de los ciudadanos, apelaron la sentencia y los AAHH perdieron en segunda instancia. La Sala Civil de Loreto emitió su fallo decantándose por una ley que establece que son declaradas como zona intangible aquellas áreas que se encuentren en condición de riesgo no mitigable, por lo que está prohibido (…) la dotación de servicios públicos en vez de hacer prevalecer el derecho al acceso al agua previsto en la Constitución del Perú.
–Esto es inaudito. El mundo al revés– lamentaba Miguel Angel Cadenas, en su texto “DERECHO A LA CIUDAD”- Su cortedad de miras busca que los presupuestos que manejan no se vean afectados. No les interesa el bien de estos ciudadanos ni el futuro de la ciudad. – Cadenas, un agustino español, es el obispo de Iquitos y ha promovido y acompañado, junto al padre Manolo Berjón, la lucha de los asentamientos desde su inicio.
Desde mediados del año pasado, el caso está en manos del Tribunal Constitucional del Perú, pero, a pesar de que ha admitido a trámite la demanda, pasan los meses y sigue sin pronunciarse.
Las familias que viven en los asentamientos provienen en su mayoría de las zonas rurales de todo Loreto. El estudio antropológico Informe sobre población indígena migrante elaborado por el CAAAP reveló que aproximadamente el 50% de la población migrada a los AAHH se auto reconoce como indígena (entre ellos, de los pueblos yagua, kichwa, kukama, huitoto, matsé, bora, etc). Todos estos grupos étnicos, así como las comunidades campesinas que no se autoreconocen con ninguna identidad particular, tienen una relación espiritual y de vida casi simbiótica con el río, están perfectamente adaptados a los ritmos naturales del agua y a los flujos cambiantes de los caudales entre creciente y vaciante. Es habitual navegar por las cuencas amazónicas y encontrar grupos de casas sobre postes que parecen descansar sobre las aguas, y a los vecinos moviéndose en los pueblos en canoa.
Los asentamientos humanos periurbanos no han perdido esta esencia amazónica y la mayoría de viviendas de madera se levanta por shungos varios metros sobre el suelo y se interconectan por puentes preparados para las inundaciones, manteniendo este vínculo con el agua también en la ciudad. Según el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Perú, los Gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios, o con ambos, (…) y en particular los aspectos colectivos de esta relación. (Parte II artículo 13, 1 y 2). Algunas veces, las municipalidades respetan estas cosmovisiones y planifican su desarrollo urbanístico nutriéndose de las lógicas indígenas. Los asentamientos humanos de Punchana, sin embargo, en vez de respirar al unísono con los movimientos de crecida y decrecida de los ríos, parecen asfixiarse con el olor fétido permanente de las aguas residuales. Allí el caudal no trae vida sino que perpetúa un foco de enfermedad permanente.
Nena Asteria Sangamapapa lleva viviendo 11 años en este lugar. -Donde vivía no había nada,-comenta- yo quería una vida nueva y salir adelante, y vine a la ciudad después de una semana de viaje con la ilusión de tener mi casa y mi terreno. Pensé en retornar, pero mis hijos ya tienen sus parejas, están instalados y no me puedo ir. El agua, sobretodo en creciente cuando se inunda todo y se riega la porquería, nos afecta, sobretodo a los niños. Nos da la fiebre, comezón, diarrea, el olor mismo es insoportable y no nos podemos sanar de completo”.
El costo añadido del agua es también un problema. Comprar agua para lavar la ropa y los platos, bañarse, cocinar y beber supone un esfuerzo para muchas de las familias cuando no pueden recolectar agua de lluvia. – Compramos a 20 céntimos el balde (0,05€ aproximadamente) y pagamos 1 sol para que lo acarreen hasta la casa. Cuando no llueve, gastamos hasta 9 bidones diarios- comenta Nena. El estudio antropológico realizado por el CAAAP situaba los ingresos diarios por familia entre 10 y 25 soles (entre 2,30€ y 5.80€).
Entonces, ¿porqué viven allí? Los motivos que los llevaron a instalarse a esta zona de la ciudad responden principalmente a dos factores: Por un lado, la ya mencionada necesidad de vínculo y contacto con el agua y por otro, la salida de las comunidades de los ríos en busca de una vida mejor en la ciudad.
Según el informe de la Evaluación Censal de Estudiantes del año 2019, Loreto registró las calificaciones más bajas en matemáticas y comprensión lectora de todo el Perú. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, para principios del 2021 los estudiantes de Loreto tuvieron el menor acceso a las clases virtuales durante la pandemia y el mayor nivel de abandono escolar de todo el Perú. Solo el 10% de los colegios cuentan con internet, siendo las comunidades rurales las más afectadas.
Graciela Tejada, originaria de San Pablo del Amazonas, llegó a la ciudad buscando una vida digna. Emigró a la ciudad con la esperanza de poder proveer a sus hijos con una educación que les permitiera desarrollarse, pero se topó con que el único terreno al que podían acceder se regaba en época de inundación en sus propias palabras -de una pestilencia horrible difícil de soportar-. Un precio muy alto por el deseo tan básico de gozar de los derechos mínimos reconocidos a cualquier ciudadano peruano.
El CAAAP, identificó también que, a parte del deseo de acceder a la educación, otro de los motivos fundamentales para migrar se debe a la búsqueda del acceso a la salud. Las comunidades rurales también carecen de postas médicas adecuados; muchas veces los residentes de las comunidades tienen que viajar en canoa a un centro poblado o a Iquitos para atenderse. Paradójicamente, en el Asentamiento encuentran el derecho a la salud de nuevo vulnerado a pesar de estar al lado de un hospital. Y es que el canal que cruza los asentamientos no solo reúne las aguas residuales de la ciudad de Iquitos. El Hospital del seguro de ESSALUD vierte sus aguas allí sin garantías de un tratamiento adecuado, así como un matadero (que en alguna ocasión tiñó las aguas de rojo de la sangre de los animales sacrificados) y el Colegio Liceo Naval.
-Los niños (más pequeños) caen al caño- comenta Nena Asteria- y aunque consigan sacarles a tiempo y revivirlos, ellos ya han tomado esa agua y la cochinada les ha entrado en el cuerpo, en los órganos, y eso ya no se puede sanar por completo-
Conseguir un pronunciamiento favorable por parte del Tribunal Constitucional abriría un canal de esperanza para los ciudadanos peruanos que viven en condiciones de extrema pobreza no solo en estos dos asentamientos humanos, sino en las áreas periurbanas de otras ciudades amazónicas en el Perú.
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