Atravesamos un momento excepcional en el que estamos urgentemente llamados a revisarnos como individuos y como sociedad. La situación de dificultad que están viviendo especialmente los colectivos más vulnerables en nuestro territorio exige toda nuestra atención para buscar, de una vez por todas, soluciones y formas de vida más respetuosas, inclusivas y solidarias que no dejen a nadie al margen. Por eso, y más ahora que nunca, debemos, también, resolver de forma urgente la situación de uno de estos colectivos: el de las personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular.  

Revisando el contexto: la migración no es un delito

El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos declara que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, reconociendo el carácter universall'inalienable de éstos para todas las personas. En los estados democráticos actuales, solo en algunos casos de delitos graves pueden restringirse temporalmente algunos de dichos derechos. La migración no es un delito, en todo caso, una falta administrativa (situación administrativa irregular) de las personas que entran en un estado sin el permiso de las autoridades competentes. Bajo ningún concepto puede justificarse la privación de los derechos de estas personas, lo que ocurre sistemáticamente cuando se les niega el reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho.

Las personas extranjeras no comunitarias (de la UE) que quieren residir y trabajar en nuestro país y que no cuenten con un contrato laboral desde sus países de origen, tienen dos legislaciones que regulan cómo adquirir estos derechos: una, la Ley de Asilo 12/2009, y otra, la Ley de Extranjería 4/2000. 

Las solicitudes de asilo, cuyo marco es la Convención sobre el estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951, ampara a las personas que tengan “temor fundado a ser perseguidos”, dejando fuera a todas las personas migrantes por motivos económicos, climáticos o incluso que huyen de organizaciones como las Maras, como denuncia CEAR, u otras situaciones de violencia extrema. 

Por otra parte, la ley de extranjería, salvo circunstancias excepcionales, conduce a que estas personas tengan que esconderse durante dos años en nuestro país, para después poder regular su situación al demostrar que llevan seis meses trabajando ilegalmente, lo cual es bastante complejo, entre otras cosas porque para ello tienen que denunciar al empleador. En su defecto, pueden ocultarse durante tres años y solicitar arraigo social en el mejor de casos, ya que muchas personas pasan años viviendo en nuestro país de manera clandestina. Existen otras opciones mucho más específicas contempladas en esta ley cuyos requisitos no cumplen la inmensa mayoría de las personas migrantes irregulares. 

Una responsabilidad humana compartida entre países

Las personas provenientes de terceros países enriquecen nuestra sociedad además de ser una necesidad innegable para sectores esenciales como el campo, los cuidados y sin ninguna duda lo serán para superar esta crisis. Según publicaba la cadena Ser el pasado 21 de abril, existe una demanda urgente de jornaleros para el sector de la agricultura ante el cierre de fronteras, puestos que son habitualmente cubiertos por personas extranjeras debido a las malas condiciones laborales. ¿Cómo podemos negarles sus derechos, pero beneficiarnos de la vulnerabilidad y de la precariedad a la que les abocamos? El programa de Lo de Évole del pasado domingo nos mostraba las condiciones de infravivienda e inseguridad en las que vivían los temporeros de la fresa en Huelva, sin saneamiento, agua ni electricidad, poniendo el foco solo en lo que se refiere a los servicios básicos. Según el relator de la ONU sobre pobreza, Philip Alston, que visitó esta zona recientemente, están en condiciones que “rivalizan con las peores” que ha visto en otras partes del mundo, “donde las personas viven como animales”. 

Emigrar no es fácil, como bien sabemos muchas personas españolas y sabe también nuestra historia reciente. Si no acogemos dignamente al colectivo inmigrante, si levantamos muros y externalizamos fronteras (acuerdos con Marruecos o Turquía), y si no nos hacemos responsables de lo que ocurre en estos países fronterizos, estaremos condenando a millones de personas a rutas migratorias cada vez más inseguras. 

Tal y como nos cuenta Helena Maleno, activista por la defensa de los Derechos Humanos especializada en migraciones y trata, en su video el grito que abate los muros, los muros y las vallas que construimos no los construimos para protegernos a nosotros, alimentados por la ilusión de la seguridad, sino para desprotegerlas a ellas, a las personas migrantes, dando cabida a las redes de trata, a la esclavitud y convirtiéndolas en objetos de consumo cuya única puerta de entrada es satisfacer la demanda de mano de obra, sexo y cuidados que requiere nuestra sociedad. 

Esta crisis ha provocado un mayor número de naufragios ante la ausencia de socorro por parte de salvamento marítimo, dejando las embarcaciones a merced de la marina marroquí o simplemente a la deriva y provocando un repunte del número de gente que trata de entrar por la vía atlántica o saltando la valla, situación que nos lleva a las famosas devoluciones en caliente condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Dicen que este virus no entiende de clases, pero el sistema de regularización y acogida de personas extranjeras, fuerza a que así sea. Actualmente todas las personas que se encuentran en situación irregular no tienen forma de enfrentar esta crisis sanitaria, habiéndose quedado sin el único recurso que tenían, salir a la calle a luchar por sobrevivir cada día, en una situación de precariedad máxima, de explotación, de desamparo ante la ley y de miedo constante a ser perseguidas. Además, muchas de estas personas residen en viviendas que no cumplen con los mínimos de habitabilidad y seguridad, no pueden salir a la calle a comprar comida por miedo a que las detengan, tratan de pasar el menor número de horas posibles despiertas para acallar el hambre y sus hijos no pueden seguir las clases porque no tienen acceso a internet, ordenadores o porque los propios padres y madres no tienen el conocimiento digital necesario para apoyarlos. Las mujeres y niñas son doblemente vulnerables, al encontrase, por el confinamiento, encerradas con su maltratadores, violadores, proxenetas o personas que abusan de esta situación de inseguridad y desprotección.

Por otra parte, los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIEs, cuyo principal objetivo sería el de retener a las personas en situación irregular hasta que se produjera la expulsión a sus países de origen, no cumplen, ni en situación de normalidad, su cometido, quedando la mayoría de las personas en libertad al cabo del tiempo máximo de estancia permitido (sesenta días). En la presente situación, con todas las fronteras cerradas, evidentemente son un sinsentido. De manera temporal, se han clausurado siete de los ocho centros que existen en nuestro país, quedando aún abierto el de Algeciras, a pesar de las protestas de diversos organismos y de la propia recomendación del Consejo de Europa. Sin embargo, considero que este cierre debe ser definitivo por tratarse de centros de régimen penitenciario ante una falta únicamente administrativa, que incluso el Consejo de Europa ha denunciado debido a las condiciones inhumanas y la vulneración de derechos y que encima no cumple su cometido, como ya he comentado. Situación también inhumana es la que se está viviendo en el Centro de Estancia Temporal de Melilla, CETI, actualmente al triple de su capacidad, y que alberga unas 1800 personas en este momento. Si bien el gobierno ha desplazado esta semana a unas 70 personas a la península, ésta sigue siendo una situación insostenible que requiere de una respuesta inmediata. 

Sumando esfuerzos para reclamar el reconocimiento de los derechos de todas las personas

Somos muchas las asociaciones que nos hemos unido a la petición de #regularizacionYa, que tiene por objetivo la resolución inmediata y favorable de todas las solicitudes y expedientes de asilo, la regularización de personas en situación irregular, así como el cierre definitivo de los centros CETI y CIE. 

Existen vías para poder realizar esto, incluso siguiendo el Artículo 127 del RD 557/2011, 20 de abril, en el que se contempla la autorización de residencia temporal “cuando concurran razones de interés público o seguridad nacional”, situación que debe ser extensible a todas las personas irregulares por el simple hecho de ser personas y no estar guiada únicamente por la contingencia producida en la crisis actual. 

Por último, considero fundamental hacer un llamamiento a la solidaridad activa de todas nosotras y nosotros para apoyar y reclamar el reconocimiento de la dignidad y los derechos de todas las personas en nuestro territorio. Es momento de sumar esfuerzos y buscar soluciones conjuntas, en las que, esta vez sí, no se deje a nadie atrás.

Loreto Rebollo Polo, 25 de abril de 2020.