En lo que va de año, veintidós mujeres han sido asesinadas en Perú. En 2018, el número de víctimas de violencia machista aumentó un 21% con respecto al año anterior.

 

En el año 2018, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, el Centro de Emergencias de la Mujer (CEM) atendió 149 casos de víctimas de feminicidio, un 21% más que en 2017.

Quince de estos casos tuvieron lugar en la región de Iquitos, donde Zerca y Lejos (ZyL) trabaja, desde hace más de dos años y en colaboración con la asociación local Suyay América Latina (AL), en el asesoramiento y acompañamiento legal y psicológico de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar.

La normalización de la violencia de género

Silvia Arbildo es, desde hace seis años, la coordinadora de la Red de Prevención y Atención de Violencia Familiar, Sexual y Género de Loreto, departamento situado al norte de Perú y una de las regiones con mayor incidencia de trata de personas a nivel nacional.

La Red es una institución que trabaja por la defensa de los derechos de la mujer y por la prevención de la violencia machista, al tiempo que sirve de enlace entre el Estado y la sociedad civil. Según explica Arbildo, son varios los componentes en los que se centra esta organización, como la prevención, atención a víctimas, investigación y vigilancia al Estado y el cumplimiento de las políticas públicas a favor de las mujeres violentadas y sus familias.

“En Perú en general y en la región de Loreto en particular, la violencia machista es un asunto muy grave. Siete de cada diez mujeres sufren violencia de algún tipo. En nuestra región, el 34% de los embarazos son de adolescentes, y de esos, el 50% son fruto de una violación”, explica Arbildo. Y añade que “lo más alarmante es que y casos en los que no hablamos ni siquiera de adolescentes, sino de niñas embarazadas de 9,10 y 11 años”.

La violencia se perpetra a nivel psicológico, físico, sexual y económico, marcando especialmente a las mujeres adultas. Sin embargo, durante los últimos años ha incrementado el número de adolescentes que también son víctimas de algún tipo de violencia, pero no lo denuncian.

Visita a una usuaria del proyecto Vivamos Sin Violencia de Santo Tomás, Iquitos. /
© Amparo Valenzuela

 

Durante el pasado año, comenta Arbildo, la demanda por parte de la población para recibir atención experimentó un gran aumento, lo cual, considera, es algo positivo ya que significa que muchas mujeres “captaron el mensaje” y la violencia intrafamiliar ha dejado de ser un problema privado para convertirse en uno de salud pública.

A la hora de trabajar, la Red se encuentra con muchas limitaciones y es que el acceso a la justicia y al proceso de denuncia no es sencillo. Arbildo denuncia el “cierra puertas” que supone el propio sistema en muchas ocasiones, “desde la mujer que vive en una zona rural y no puede hacer frente al pago del transporte hasta la ciudad para hacer la denuncia hasta el policía que, cuando una mujer decide denunciar una violación, le dice que no lo haga porque quién le dará de comer entonces”. Y es que, a veces las propias autoridades persuaden y justifican al hombre que ejerce violencia ya que también forman parte de ese sistema machista.

Así, las mujeres son doblemente victimizadas. En el caso de la violencia física, primero cuando su agresor les pega y después cuando no reciben ni asistencia ni protección por parte del Estado.

Otro obstáculo para poder visualizar este problema es que, en Iquitos, no existen datos oficiales del Estado que reflejen esta violencia. Como citábamos al principio de este artículo, en el año 2018 hubo 149 casos de feminicidio en el país y de estos, 15 ocurrieron en Iquitos. Sin embargo, Arbildo alerta de que estas cifras son, en realidad, mucho mayores, ya que, explica, hasta ahora el Estado no se ha encargado de realizar un estudio en el que se recojan datos de instituciones que trabajan por la protección de la mujer, como la Red.

“Solo quiero que nos deje vivir tranquilas. A mí y a mis hijas”

Elizabeth tiene 41 años y cuatro hijas, tres de ellas están a su cargo. Es una de las más de sesenta mujeres que durante el 2018 acudieron a las oficinas del proyecto Vivamos Sin Violencia, en el que ZyL trabaja junto Suyay AL, para recibir asistencia legal y psicológica gratuita. En su caso, reclama la pensión de alimentos a su expareja y es víctima de violencia psicológica por parte la misma.

“Decidí venir acá porque había visitado el Ministerio de la Mujer y la DEMUNA (Defensoría Municipal del Niño y Adolescente) pero no tuve ni el apoyo ni el acompañamiento suficientes que se necesitan en estos casos. Quizá a veces por ignorancia no sabemos qué hacer, dónde ir o qué decir. Daba todo perdido, estaba resignada”.

Como ella, muchas mujeres creen que solo pueden denunciar cuando la violencia es física, sin saber que existen otros tipos de violencia que son igualmente denunciables, como la psicológica o la económica.

Actualmente, ella y sus tres hijas viven bajo medidas de protección. Su expareja se niega a abandonar la casa, a pesar de que solo está al nombre de ella y de que él tiene otra propiedad en la que podría vivir. Por ello, esta es una situación todavía más delicada.

Elizabeth es autónoma. Trabaja en una tienda de alimentos. Pero desde que se separó no recibe ni un sol de pensión. Según nos cuenta, él se excusa diciendo que “no necesitan nada ya que ella tiene su propio negocio”.

No le exijo nada, solo quiero que nos deje vivir tranquilas a mí y a mis hijas y no estar expuestas a situaciones de violencia¨, explica Elizabeth. ¨No puedo vivir así. No estoy segura. No puedo vivir pensando si estará tramando algo. Cualquier día me decido y saco sus cosas de casa¨.

Su matrimonio duró quince años y durante todo ese tiempo ella y sus hijas sufrieron violencia psicológica. Hace unos años decidió poner fin a la relación, pero no llegó a hacerlo por temor a lo que le dirían sus familiares y a vivir en una pelea constante. “Para que no se molestara y no recibir golpes trataba de hacer lo que a él le gustaba. Pero me cansé y llegó un momento en el que ya no podía más¨.

Desde hace tres meses, Elizabeth asiste a las sesiones con el psicólogo del proyecto, al igual que sus hijas. Lo cual, nos cuenta, les ha dado mucha fuerza y les ha ayudado a identificar casos de violencia que antes no reconocían. Además, sus demandas por los casos de pensión de alimentos y violencia psicológica están interpuestas y en curso.

“Estoy agradecida a este grupo de personas que llegan a nosotras porque igual que estaba yo, hay bastantes mujeres en la misma situación que permanecen calladas por no tener el pasaje para poder viajar y buscar ayuda. Ahora la ayuda está más cerca, en nuestro barrio y existe la posibilidad de no solo reducir la violencia sino de educar a nuestros hijos para que no la haya. Eso ya es bastante”.

Mujeres en un taller de manualidades del proyecto de Santo Tomás, Iquitos /
© Amparo Valenzuela

 

Vivamos Sin Violencia

Con el proyecto Vivamos Sin Violencia ofrecemos asistencia y acompañamiento psicológico y legal gratuitos a víctimas de violencia intrafamiliar. Un equipo de locales formado por una abogada, un asistente y tres psicólogos son los encargados del trabajo en terreno.

A diario, mujeres que viven en los asentamientos humanos (AAHH) del barrio de Santo Tomás, a las afueras de la ciudad de Iquitos, acuden a nuestra oficina para ser atendidas. Además, este proyecto se complementa con actividades como clases de manualidades y talleres centradas en el fomento y conocimiento de los derechos, el respeto, el autoconocimiento y los valores, en las que participan mujeres, niños, niñas y adolescentes.