Luz María de 24 años entra al despacho de Vivamos sin Violencia con su bebé en brazos y pide a su hijo de 8 que eche un ojo a su hermanito mientras ella conversa con la “doctora” (la abogada) sobre su proceso de pensión de alimentos. A los 15 años se quedó embarazada de su novio, diez años mayor que ella, y cuando se lo dijo, éste la abandonó por otra mujer alegando que el bebé no era suyo. Unos años después conoció a otro hombre que le prometió que cuidaría de su familia y se quedó embarazada de nuevo con la esperanza de que así se quedaría junto a ella, pero a los pocos meses huyó de casa porque “él mucho la maltrataba”. Al encontrarse sola, con dos hijos e incapaz de valerse por sí misma volvió con el hombre que la maltrataba, pero al quedarse embarazada de nuevo, por tercera vez, él la expulsó de casa.
Viene al despacho acompañada de su hermana de 19, que está embarazada y carga con su primer hijo de dos años y de su vecina de 35 que ha dejado a sus tres hijos menores en casa y a los dos mayores estudiando. Las tres mujeres comparten una situación muy parecida: empieza el año escolar y no tienen los recursos necesarios para hacer frente a los gastos del colegio, están solas y están hartas.
Para las mujeres de Loreto, la carga familiar empieza mucho antes que en el resto del país ya que el 32,8% tienen su primer embarazo durante la adolescencia.
En los Asentamientos Humanos que se extienden a lo largo de la carretera de Santo Tomás el peso de los cuidados de la familia recae sobre las mujeres. El INEI calcula el valor del trabajo doméstico no remunerado de la mujer del Perú en casi 59 millones de soles al año, 2.2 veces el valor del trabajo doméstico de los varones. Ésta desproporción se eleva en los casos de las mujeres de los asentamientos, donde las tareas domésticas son tan exigentes en un mundo tan precarizado, que no disponen del tiempo ni los recursos necesarios para realizar actividades generadoras de renta, quedando toda la familia a expensas del dinero que consiga traer el hombre a casa. Según el “Diagnóstico de Género de la Amazonía Peruana 2017”, la tasa de analfabetismo de las mujeres en Loreto el 2015 era del 11% frente al 4.7% de los hombres. El informe también subraya que tan solo el 60,1% de las mujeres de la zona urbana de la Región fue empleada en 2015, y registraron una brecha salarial de 329,3 soles mensuales, aproximadamente un 30% menos de media respecto a sus compañeros varones. En los Asentamientos Humanos la tasa de desempleo de la mujer se dispara de forma drástica, por lo que la dependencia de la mujer hacia el hombre es casi absoluta.
Según datos del mismo informe, el 66,6% de las mujeres de Loreto reporta haber sufrido en una o en varias ocasiones alguna forma de violencia por parte de su compañero (Física: 63,1%, psicológica: 25,5% y sexual un 6%). La estrategia “popular” para el abordaje de la violencia de género por parte de las mujeres consiste en huir de las relaciones violentas y cambiarlas por otra relación que las mantenga, la cual, en muchos casos, acaba también por ser violenta tanto hacia ella como hacia los menores (de las denuncias de violencia sexual presentadas al Centro de Emergencia Mujer, el 77% eran menores). Estas formas de violencia siguen siendo un tabú y difícilmente se denuncian, en cambio, la violencia económica, sí. Es a través de las demandas de pensiones de alimentos que las mujeres encuentran el entorno de confianza necesario y la fuerza suficiente para abordar las otras formas de violencia que sufren tanto ellas como sus hijos.
Cuando empezamos el proyecto entrevistamos a algunas vecinas acerca de la percepción de la violencia. Al preguntar a las mujeres de más edad si recibían algún tipo de apoyo económico de los padres que habían abandonado a sus hijos, nos respondían con orgullo: “Yo no he pedido nunca nada a ese hombre, yo he sido padre y madre para ellos”.
Dos años después, ya llevamos tramitadas más de 100 denuncias solicitando pensiones de alimentos. Como Luz María y su hermana y su vecina y muchas más, parece que estas percepciones están cambiando.
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